Bolivia- Propiedad privada o autogestión

Empresas con problemas podrían convertirse en empresas sociales, al estilo de las recuperadas en la Argentina.

Que ciertos sectores empresariales alienten la lógica de la capitalización financiera en detrimento de la capitalización productiva no es nada novedoso en los países de la región, mucho menos en Bolivia. En ese escenario, la quiebra y el vaciamiento aparecen –para ellos– como una opción ventajosa y rentable. Para los trabajadores, en cambio, las ventajas de los empresarios serán una verdadera tragedia, de no encontrar una forma efectiva de contrarrestar esas maniobras especulativas.
Víctor Quispe Ticona, dirigente de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, alertó que en su país se habrían detectado alrededor de una docena de empresas que estarían enfrentando problemas financieros, poniendo en riesgo unos 600 puestos de trabajo, si las mismas entrasen en quiebra. En tal sentido, Quispe sugirió que esos establecimientos podrían transformarse en empresas sociales, de un modo bastante similar a lo que en la Argentina son las empresas recuperadas por sus trabajadores.
Por su parte, Vitaliano Mamani, secretario de Relaciones Internacionales de la misma confederación, dijo el sábado 15 que están en la mira varias empresas “abusivas” que no cumplen sus obligaciones con los trabajadores, por lo que desde el sector planean convertirlas en empresas sociales, en aplicación del Decreto Supremo 1754. “Tenemos empresas que están cerradas, para poder reactivar. Se necesita una reglamentación a la ley que ya tenemos, en la constitución de empresas sociales, como también hay empresas privadas que están con juicio laboral, y varios trabajadores, en defensa de su fuente de trabajo, están en la cárcel, entonces, todo eso tenemos que verlo con el Ministerio de Trabajo, y, una vez que tengamos la reglamentación, vamos a tener la lista de todas aquellas empresas que pasarán a manos de los trabajadores”, le dijo Mamani al periódico Correo del Sur de Chuquisaca, señalando que una de las empresas que incumplen con los trabajadores es el ingenio San Aurelio, porque despidió a varios trabajadores y no pagó el segundo aguinaldo de acuerdo con la norma establecida. “Tenemos en Santa Cruz el ingenio San Aurelio, que no respeta el fuero sindical y ha despedido a varios trabajadores” dijo, agregando que igual que en ese caso “hay muchas empresas que están mal administradas en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y, por lo tanto, tienen que pasar a manos de los trabajadores” enfatizó.
Lo original del proceso de cambio en Bolivia, por no decir lo virtuoso, es que en lo concerniente a la transformación y el desarrollo de su matriz productiva, los intereses de los trabajadores están puestos levemente por encima del de los empresarios. Y no porque se pretenda desterrar al sector patronal, como algunas voces pretenden enfatizar, sino porque lo que se intenta es que no existan los grandes atropellos que históricamente padecieron los trabajadores en el país del altiplano. También, el sector empresarial debe comprometerse con el bienestar general y los intereses de todo el país, y para ello el gobierno de Evo Morales sabe que no alcanza con la declamación y la sugerencia, se necesitan principalmente ciertas normativas institucionales, la sanción de determinadas leyes que hagan que eso sea así. El rol protagónico de las organizaciones obreras es sustancial, para tales efectos, en un ida y vuelta permanente con la esfera gubernamental.
La preocupación de los dirigentes de la Confederación de Trabajadores Fabriles, expresada en las declaraciones recientes sobre la posibilidad de establecer empresas sociales, no surge de un capricho de ellos, sino de normativas vigentes que son parte de la nueva Constitución Política de Estado. El Decreto Supremo 1754, que hace referencia a la conformación de empresas sociales, fue promulgado por el presidente Evo Morales el 7 de octubre de 2013 en ocasión de la celebración del 62º aniversario de la Confederación de los fabriles. La misma es la segunda en importancia al interior de la Central Obrera Boliviana (COB), después de la de los trabajadores mineros, habiendo sido fundada unos meses después de la central, al calor de las históricas jornadas revolucionarias de 1952. El decreto presidencial del pasado octubre, básicamente, plantea que las empresas sociales pueden conformarse ante situaciones en las cuales se da un proceso de quiebra, concurso o liquidación conforme a lo previsto en el Código de Comercio, o en caso de que el proceso culmine. También cuando existieran empresas abandonadas o cerradas de forma injustificada. La constitución de dichas empresas estará sujeta a los procesos de quiebra, y los trabajadores de forma voluntaria podrán establecer como forma de pago de la nueva empresa sus acreencias devengadas. Los nuevos propietarios deben asumir la responsabilidad y el riesgo de controlar y organizar la administración del patrimonio de manera colectiva, la gestión y el funcionamiento de la empresa, de acuerdo con un convenio interno recíproco y equitativo, que establezca las responsabilidades de cada trabajador. Por su parte, los ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural junto al de Trabajo, Empleo y Previsión Social les brindan a los trabajadores autogestionados todo el asesoramiento correspondiente. Vale señalar que el Decreto 1754 se fundamenta en el Artículo 54 de la nueva Constitución Política del Estado, que en su inciso 3 dice que: “Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social, podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores”.
Los fabriles, desde la segunda quincena de octubre hasta el 31 de diciembre pasado, se abocaron a realizar un censo fabril para conocer al interior de los diferentes establecimientos productivos: la calidad de trabajo, la situación laboral, la incidencia de derechos, cuántos son sindicalizados, quiénes respetan los derechos laborales, el seguro a largo plazo y otros temas que, según el gremio, les servirán como base para discutir con el gobierno y establecer planes a futuro, ya que de hecho, al mencionado decreto ellos tienen estipulado comenzar a implementarlo en abril.
Los empresarios ponen el grito en el cielo. La Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), tras las declaraciones de los dirigentes fabriles, consideró a las mismas como una incitación a destruir la seguridad jurídica, y que generan “incertidumbre” en las inversiones ejecutadas en diversos ámbitos de la actividad económica del país. Luis Urquizo Valdivia, presidente de la Feplp, manifestó el viernes 14 su preocupación frente a la que consideró como una amenaza de los trabajadores fabriles, convertir 12 fábricas del sector privado en “empresas sociales”, con el pretexto de que estuvieran en quiebra o en problemas financieros. Además, la cámara empresaria cuestionó los permanentes incrementos salariales y el doble aguinaldo dispuesto por el gobierno, que según él afectan la capacidad de las empresas. Urquizo dio a entender de esa forma que los supuestos problemas financieros que aquejan a su sector son producto principalmente de las mejoras que los trabajadores tuvieron en cuanto a poder adquisitivo y condiciones laborales. Ya en octubre, tras la promulgación del Decreto 1754, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Fernando Cáceres, había dicho que el mismo “podría tener como consecuencia nefasta la destrucción de las empresas formales por parte de un incentivo perverso que los empleados y los obreros podrían entender como posibilidad, al establecer para ellos un marco jurídico que posibilite un trabajo en desmedro de la empresa que los cobija”, no dudando en calificar al decreto como “nefasto” y “perverso”.
Si en la Argentina la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores surgió como táctica defensiva en un momento de profunda crisis, por el sólo objetivo de conservar la fuente laboral, y al margen de las estructuras sindicales, se podría decir que en Bolivia, en tanto una de las confederaciones obreras más fuertes del país lo toma como política sindical, articulada a la política pública, esto podría convertirse en una verdadera estrategia nacional de saneamiento y desarrollo del aparato productivo.

La lucha docente, Scioli y el rol del Estado.

La lucha docente es la punta de un iceberg. Si se la ve en sí misma es muy difícil entender todas las cosas que están en juego detrás de ella. Mucho se ha hablado sobre la revalorización del rol del Estado, pero a la hora de poner en valor a la Educación Pública, pareciera que las afirmaciones se desplazaran hacia las antípodas del protagonismo de lo Público. Porque no se trata de culpar a los maestros de la ineficiencia de la Educación. Sería similar a cuando en la ofensiva ideológica pro privatizadora se culpaba a los trabajadores de las empresas del Estado de ser los que impulsaban la prominencia de los privados. Los trabajadores de YPF para dar un ejemplo, con la privatización de los ’90 eran castigados por su holgazanería. Pero los obreros del Astillero Río Santiago resistieron a la privatización con luchas inigualables, aunque para el sentido común imperante también fueran unos “vagos”. Sin dudas que en una sociedad capitalista, no todo puede ser estatal, pero cuando lo público y lo privado entran en contradicción, según donde se ponga el acento, eso va a definir inevitablemente un posicionamiento político. La ineficiencia de lo Público siempre es una política de Estado, con perspectivas privatizadoras. Ésa, es su eficacia.

El conflicto con los docentes, es un indicador muy concreto de que la Provincia de Bs As está gobernada por una gestión neoliberal y de derecha, que no le interesa cobrarle impuestos a los que más tienen: empresarios inmobiliarios, del juego, grandes propietarios de tierras, etc. El gobernador Scioli ingresado a la política durante el menemismo, a pesar de no hablar demasiado, muestra siempre su hilacha pro corporaciones, y no por nada es el candidato preferido de los medios hegemónicos y el Establishment. Lo peor de todo es que los que defienden a Scioli se tiran contra Massa o Macri, como si hubiera alguna diferencia. Son todos privatizadores, y el estratega en la sombra (Eduardo Duhalde) los quiere a los tres. A los tres juntos. Ya dijo que Scioli debe ser el nuevo presidente en 2015 y que Massa es todavía muy joven para ocupar la Rosada.

La lucha de los docentes, hoy está reubicando los diferentes posicionamientos políticos de la sociedad argentina. Porque no se puede hasta hace poco haber estado identificados al Che y declamar la liberación, y la lucha contra las corporaciones y hoy estar en contra de un sector de los trabajadores y apoyar y justificar a un invento marketinero como es Scioli. Si el conflicto de la 125 reubicó a los diferentes sectores sociales, la lucha de los docentes hoy puede llegar a tener el mismo efecto.

Golpe a la democracia en Bogotá

El desplazamiento del alcalde Petro obedece al intento de la derecha de limitar el avance de las opciones populares.

Al final, la derecha colombiana se salió con la suya. Que el presidente Juan Manuel Santos haya desoído las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para no convalidar la decisión unilateral del procurador general Alejandro Ordóñez, de destituir de su mandato al Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro, se constituyó en un verdadero golpe a la democracia latinoamericana. Si bien no se trata como en Honduras o Paraguay de un golpe institucional para derrocar a un mandatario nacional, en Colombia se terminó de voltear a un funcionario elegido democráticamente, siendo que en ese país se trata del segundo cargo político de importancia, tras el del mandatario. Homologable a como si en la Argentina, la presidenta Cristina Kirchner tuviera que decidir sobre una probable destitución del jefe de gobierno Mauricio Macri, y que la CIDH dijera que ésta no sería válida según los conceptos de la justicia interamericana. Un verdadero descalabro institucional.
Si bien desde hace más de 10 años la Alcaldía de Bogotá se encuentra en manos de agrupamientos políticos que dicen ser progresistas o de izquierda, ninguna de las gestiones anteriores a la de Gustavo Petro (iniciada el 1º de enero de 2012) tuvo que enfrentarse a tanto asedio de la derecha colombiana. Ésta se había propuesto por todos los medios, que el alcalde no termine su mandato tal como establece la ley. Todo lo que dice ser parte de cierto perfil político, no siempre tiene una correspondencia acorde a lo que se plasma en la práctica, y en ese sentido las gestiones anteriores a Petro, aunque de palabras se distanciaban del gobierno central de Colombia, llevaban adelante las mismas políticas que se imponían desde una estructura económico social en la cual el neoliberalismo resulta el rasgo dominante. La gestión de una ciudad, y más precisamente la de una capital con casi 8 millones de habitantes, enfrentará siempre el desafío de llevar adelante políticas públicas, que en el caso de no obtener ciertos grados de racionalidad, crearán inevitablemente descalabros que serán sumamente visibles. Desde su asunción en la alcaldía, Petro comenzó a desarrollar el denominado programa de la “Bogotá Humana”, que además de obtener grandes logros en cuanto a la integración de las minorías sociales, e inclusión ciudadana, también se propuso revolucionar los diferentes servicios públicos, optimizándolos de gran forma en manos del Estado. Antes, habían sido el coto de caza de cierta clase de empresarios que nunca dudaron en realizar pingües negocios, sin importarles si esos servicios funcionaran bien o no. Todo eso en connivencia con los sectores políticos de turno. De igual forma, en las gestiones anteriores la contratación de la obra pública estuvo sujeta a graves irregularidades, habiendo sido el caso del llamado Carrusel de la Contratación ocurrido en 2010, un grave escándalo de corrupción que le costara el cargo al por entonces alcalde Samuel Moreno Rojas.
La arremetida de la derecha colombiana contra Petro encontró su principal razón en que el alcalde tocó intereses muy fuertes, en particular los concernientes a la recolección de la basura, y que cuando se produjera el pasaje de la empresa del aseo, de manos privadas a la esfera pública en el programa “Basura Cero”, en diciembre de 2012, este hecho precipitó graves irregularidades en lo concerniente a la recolección de residuos, y fue así que los días 18, 19 y 20 de dicho mes, la capital colombiana se encontró atestada de basura. Según varios informes periodísticos realizados por medios colombianos, ese hecho no fue más que un muy premeditado complot que los privados junto a ciertos políticos de la derecha, orquestaron para enrostrarle al alcalde su desagrado por haberles retirado las concesiones correspondientes. Pero también fue el pretexto y la excusa para comenzar a demandar su destitución. Fue así que desde inicios de 2013, el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, barajó la posibilidad de sancionar al alcalde, cosa que no prosperó en ese momento, para luego sí, en diciembre, dictaminar Ordóñez la destitución e inhabilidad para ejercer la función pública por quince años, lo que resulta para Petro su muerte política. Esta sanción disciplinaria solamente tendría valor –según expresan los abogados del alcalde– en el caso de haberse cometido delito, ya que sin la presencia del mismo no habría razón para juzgar una gestión. En la misma se podría haber cometido negligencias o aportar elementos que a otros no les pudiesen gustar, pero eso no sería razón suficiente para destituir a un funcionario elegido democráticamente, y mucho menos inhabilitarlo para el ejercicio político por el lapso de quince años.
En tanto que la decisión del procurador, realizada en diciembre, tenía varios días para hacerse efectiva, el alcalde Petro tomó distintos recaudos al respecto, entre los cuales, él mismo en persona viajó a los Estados Unidos para denunciar ante la CIDH lo que consideró un atropello. La decisión de un funcionario no electo como el de procurador, en cuanto a sancionar a otro elegido por el voto popular infringe el tratado interamericano al cual Colombia está suscrita. La destitución se fue posponiendo por medidas cautelares que varios ciudadanos hicieran para que la sanción administrativa no fuera efectiva, sumado todo eso a multitudinarias marchas a la Plaza de Bolívar en apoyo al alcalde. Además, se esperaba que la CIDH tomara cartas en el asunto para que el presidente Santos tomara una resolución. Esto, siempre pensando que el mandatario se ajustaría a las normativas que tal como aseguraron siempre los abogados de Petro, no son parte externa ni paralela a la ley del país neogranadino, sino que la Constitución de Colombia está integrada a un tratado interamericano, desde hace varios años.
El pasado martes 18, con una votación de 15 votos a favor y ocho en contra, la Sala Plena del Consejo de Estado rechazó las 25 tutelas radicadas en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General, y convalidó así la decisión de Ordóñez. Ante esta decisión, Petro escribió ese día en la red social Twitter: “Todas las instancias del Distrito con optimismo a mantener y desarrollar los programas de Bogotá Humana. Gobernamos hasta el final”, esperando una decisión de la CIDH al respecto. La misma no tardó en llegar, ya que a las pocas horas de lo resuelto por el Consejo de Estado, la Comisión Interamericana emitió un documento en el que señaló que “tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho” presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que “los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia” agregando que “la Comisión solicita al Gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego”. Ahora la decisión, la última palabra le correspondía inevitablemente al presidente Santos, que desoyó a la CIDH y firmó la destitución el 19. Al otro día, el mandatario puso en ejercicio interino de la alcaldía al liberal Rafael Pardo, que se desempeñaba como Ministro de Trabajo de Colombia. Por ahora, la elección de un nuevo alcalde se realizará en no menos de 67 días.
Tras la decisión de Juan Manuel Santos de convalidar el dictamen del ultraderechista Ordóñez, el oficialista diario El Tiempo, propiedad de la familia Santos, dijo: “Si algo le reconocen adeptos y contradictores a Gustavo Petro son sus buenas intenciones. De hecho, su Plan de Desarrollo, que planteó como ejes de acción la eliminación de la segregación social, el enfrentamiento de los efectos del cambio climático y la defensa de lo público, ha sido elogiado en distintos escenarios. En voces de expertos y ciudadanos, son temas a los que nadie se opone y por el contrario constituyen el ideal de una ciudad incluyente y respetuosa de la naturaleza. Las primeras pinceladas para enfrentar la segregación han sido destacadas: mínimo vital de agua gratis para 650.000 familias, rebaja de tarifa en el transporte público y subsidio para los pobres en el sistema integrado de transporte”.
La destitución de Petro ratifica una vez más la inviabilidad en Colombia de un gobierno progresista o de izquierda y pone en serio riesgo las conversaciones de paz en La Habana.

Santos y Uribe se reparten los legisladores y los “verdes” miran

Sonrisas. El oficialismo celebró el ajustado triunfo,
pero sabe que tendrá que contar con los partidos menores para negociar.

Elecciones en Colombia. Los votos que cada uno pueda sumar en el Parlamento pesarán sobre las conversaciones de paz en La Habana.

Como estaba previsto, el pasado domingo 9 de marzo se llevaron adelante en Colombia las elecciones legislativas. En las mismas se eligieron senadores y representantes a la Cámara (diputados), configurando así la antesala de las presidenciales que tendrán lugar el 25 de mayo. La nota saliente de los comicios fue el debut electoral de la fuerza política que conduce el ex presidente Álvaro Uribe. El denominado Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande si bien no estuvo por encima del gobernante Partido Social de la Unidad Nacional (la “U”), logró colocar a 20 senadores de la lista que encabezó el ex mandatario, y 12 en la Cámara de Representantes. El partido de la U, al igual que las demás agrupaciones que conforman la alianza que sostiene al presidente Juan Manuel Santos, decrecieron ostensiblemente en la cantidad de curules (bancas) modificando así el tablero político colombiano. El único grupo aliado del presidente Santos que sumó más votos que en 2010 fue Cambio Radical, precisamente el partido que comanda Germán Vargas Lleras, quien días atrás fuera elegido para acompañar en la fórmula presidencial al actual mandatario que irá por la reelección. En tanto los tradicionales partidos Liberal y Conservador perdieron densidad electoral, la izquierda a través de la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo consiguieron 5 curules cada una. La nueva configuración de la bancada hace presagiar que si el presidente Santos fuera reelegido en mayo, tendrá una oposición legislativa tanto a la derecha como a la izquierda. Si bien el Centro Democrático podría convertirse en una piedra en el zapato para proseguir las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC en La Habana, ese problema no lo tendría con las fuerzas progresistas, que desde un inicio se comprometieron con las conversaciones. Si bien hubo un alto porcentaje de voto en blanco, éste no se corresponde con lo que las encuestas vaticinan para las presidenciales. Según el portal de la Registraduría de Colombia, el voto en blanco alcanzaba el 5,21 % de los sufragios, mientras que los últimos sondeos de opinión le están dando para las presidenciales una cifra que ronda el 30%. Lo que sí puede considerarse como un claro mensaje de la ciudadanía a la sociedad política colombiana fue el nivel de abstención. En Bogotá, para dar un ejemplo, los que no fueron a votar constituyeron el 65% de los habilitados para hacerlo. Un número bastante significativo, aunque ya en 2010 el abstencionismo en la capital colombiana rondaba la mitad del electorado.
Tras el resultado del domingo, la composición de la nueva bancada seguirá manteniendo la mayoría que apoya al presidente. La U, Cambio Radical y el Partido Liberal en conjunto obtuvieron 47 senadores de los 107 curules. Las dudas se generan a partir de las 18 bancas que logró el Partido Conservador. Éste, en las presidenciales llevará candidato propio, y es la abogada Marta Lucía Ramírez que por los sondeos no tiene la menor chance, y lo llamativo del caso es que solamente tres de los senadores conservadores electos, se hayan pronunciado públicamente a favor de Ramírez, lo que desde las filas santistas ya es interpretado como una señal de que los restantes se unificarían en la bancada oficialista. El problema de los senadores conservadores para el gobierno es de capital importancia, ya que ellos por perfil político también podrían ser proclives a alinearse con el Centro Democrático, y complicar así en el senado las resoluciones de paz que están en curso. Por esa misma razón, el oficialismo saludó que entre la Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo hayan alcanzado 10 lugares, ya que sabe bien que ellos son partidarios de la paz.

El parte de la victoria. Pasadas las 10 y media de la noche del domingo, Juan Manuel Santos se dirigió a la sede partidaria ubicada en el Norte de Bogotá, acompañado de los respectivos jefes de los partidos de la coalición gobernante (Sergio Díaz-Granados, de “la U”; Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, y Simón Gaviria, del Partido Liberal), para dar el parte de victoria. También lo acompañó quien será su compañero de fórmula para mayo, Germán Vargas Lleras. Tras conocer la tendencia favorable, Santos se dirigió a los presentes y les dijo: “Quiero felicitarlos a ustedes aquí presentes y a quienes trabajaron en todos los rincones de la patria. Gracias al trabajo de todos los militantes de los partidos de la coalición, que me consta ha sido dedicado, apasionado, hoy podemos decir que produjeron unos muy buenos resultados” aseguró el mandatario, pero también tuvo sus elogios para Uribe. “También quiero felicitar al senador Uribe y su grupo, que tuvo un decoroso segundo lugar. Espero que podamos dejar a un lado los odios, los rencores y trabajar por el país”, sugirió. Lo que no es para nada seguro que el uribismo esté dispuesto a refrendar en el Congreso, los acuerdos de paz que podrían derivar de La Habana.

Uribe no pierde mañas. El lunes, el Centro Democrático denunció que el partido de la U hizo trampas. En un comunicado dijeron que “el software de escrutinio, que iba a usar la Registraduría, no daba plenas garantías, y nunca se permitió hacer el respectivo simulacro del sistema”. También argumentaron que “el Gobierno utilizó una cantidad enorme de dinero a través de los congresistas, para que éstos compraran votos en muchas partes del país”, agregando que “tampoco es comprensible que a partir del boletín 18 de la Registraduría, se reversara la tendencia de los resultados, y que de manera mágica el partido de la U pasara del tercer al primer puesto”.
Lo que sí demostraron los comicios es que Uribe sigue manteniendo un gran caudal de votos. Según los sondeos sobre las próximas presidenciales, el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga no logra despegar del 8%, pero Uribe logró traccionar encabezando la lista porcentajes enormes. Según la catedrática Patricia Muñoz, citada por el diario El Tiempo, “el ex presidente Uribe siguió demostrando que es uno de los grandes electores del país, que es un gran intérprete de la opinión pública y que sabe leer muy bien a los colombianos. Se entiende que el triunfo es de él, que era el de los votos en la lista del Centro Democrático”, dijo, con lo cual otros analistas interpretan que éste también es un mensaje directo para los que se sientan en La Habana, ya que Uribe es un acérrimo opositor a las negociaciones de paz.

La consulta de los verdes. La Alianza Verde que surgió de la confluencia del Partido Verde y el movimiento Progresistas –que lidera el alcalde de Bogotá Gustavo Petro–, aprovechó la contienda electoral para también llevar adelante la consulta para definir quién será su candidato presidencial en mayo. Si bien en las legislativas la alianza logró 5 bancas para el senado, la elección del candidato presidencial venía bastante complicada. Tanto es así que los progresistas no presentaron ningún candidato, debido a que el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa (uno de los precandidatos) había afirmado que votaría a favor de la revocatoria de Petro. Peñalosa es una figura bastante controvertida del espectro político colombiano ya que si bien él se define como parte de un espacio progresista, nadie es ajeno a su cercanía con el ex presidente Uribe. Además de Peñalosa, los otros precandidatos eran John Sudarsky, del Partido Verde, y Camilo Romero (independiente). Tras haber sido electo Peñalosa, Sudarsky manifestó que él no hará campaña por el ex alcalde. “Yo, lamentablemente, la visión que tiene Enrique Peñalosa no la comparto, es diametralmente opuesta a la que yo propongo”, dijo. Mientras que Romero también expresó que se hizo todo lo posible para derrotar a Peñalosa y no se pudo. El ex alcalde quedó como candidato presidencial de una alianza que hoy no tiene ningún futuro. Algunos analistas coinciden en que todo esto fue una operación de la derecha para destruir un espacio político con cierta perspectiva. Los progresistas de Petro ya venían advirtiendo la maniobra de Peñalosa.

La épiméleia socrática. Verdad y sujeto en Foucault

Foucault se preguntaba bajo qué figura de pensamiento se dieron cita en la Antigüedad Occidental el sujeto y la verdad, y se respondía que el concepto principal para abordar esta relación era la épiméleia/ cura sui, que tiene como significación el cuidado del sujeto. Este concepto llegó a la actualidad simplemente como un conócete a ti mismo, sin advertir que esto siempre va acompañado de cuídate a ti mismo. La relación de conocimiento y cuidado decía, es una relación subordinada ya que conocerse es un rasgo de la preocupación por el cuidado de sí mismo. Según Foucault cuando Sócrates interpelaba a sus discípulos ¿Te ocupas de ti mismo? esto implicaba interrogar si además de lo que hacían todos los días se ocupaban de sí mismos. Esta sugerencia sin dudas aporta a pensar que ocuparse significaría meterse en esos sitios en los cuales el sentido común no impera, y que por lo tanto las ocupaciones cotidianas no serían en todo caso falta de ocupación, sino de ocupaciones impuestas.. En este sentido ocuparse de sí no sería muy diferente de pensar contra sí, como planteara Kant. En todo caso la épiméleia mantendría una relación particular con el sujeto, y además de ser la condición necesaria para la práctica de la filosofía sería según Foucault el principio básico para cualquier actividad racional.

En el concepto de épiméleia valdrían subrayar algunos aspectos esenciales: significa una actitud en relación con uno mismo, con los otros y con el mundo. En segundo lugar la épiméleia heautou significa una reconversión de la mirada desde el exterior hacía sí. Ocuparse de sí de esta forma significa cierta vigilancia sobre lo que uno piensa y sobre lo que acontece en el pensamiento. En tercer lugar el ocuparse también significa un ejercicio propio tanto de purificación, de modificación, de ascesis, necesarios para el buen funcionamiento de la producción de pensamientos. Por último implica un corpus en el cual confluyen una forma de ser, una actitud y una forma de resolución de problemas, que le dan a la épiméleia un valor de utilidad imprescindible en la historia de las representaciones, y de las prácticas de la subjetividad.

Por diferentes razones este ejercicio fue abandonado tanto por la moral religiosa de Occidente como por otras morales no religiosas, en las cuales se tomó a la épiméleia como un egoísmo, haciendo primar lógicas de no egoísmo y de ocuparse principalmente de los otros . Es considerada así como una forma de repliegue sobre sí, pero según Foucault la principal razón de que se la haya descartado tiene que ver con la historia misma de la verdad. 

La inflación de la teoría

Que la realidad sea cambiante, esto no significa que los conceptos que puedan dar cuenta de ella tengan que ser completamente diferentes. Cada coyuntura no necesita de una nueva teoría. Esta concepción lleva a obsoletizarla, porque si para cada ocasión es necesaria una nueva, no tendría ya ningún sentido. La teoría también se transforma, pero tiene su propia temporalidad, sus propias leyes de ruptura y continuidad. La denegación de la teoría es pura ideología, esa que sí se simula eterna, y que nadie cuestiona. Por qué digo esto, porque pareciera que para dar cuenta de una cierta realidad, pareciera que se tendría que explicar todo de nuevo. Encontrar correlaciones entre términos -que algunos desecharon por viejos- y otros que los suplen pero les hacen integrar una estructura de inteligibilidad diferente. La teoría no puede tener la misma lógica que la moda o las ofertas del mercado.

El desprecio por la teoría es un residuo efectivo de ideas posmodernas, prende fácil en los que practican el empirismo, y en los que necesitan justificar su pragmatismo. En la realidad mal que pese siempre hay teorías que actúan, se trata de conocerlas de decodificarlas e intentar  reversar el rumbo. Actúan a través de sujetos que la mayoría de las veces no son conscientes de ello. Las empresas producen teorías permanentemente, no sólo para reproducir la producción y la economía, también para el marketing, para su inserción en la sociedad, en cómo cambiar los gustos, en cómo producirlos. En todo eso no hay ninguna espontaneidad. Obviamente no todo se predetermina, también existe el azar y la indeterminación, pero  en lugar secundario o contingente.

Correa piensa en una enmienda de la Constitución para repetir

De necesidad. Argumenta que las reformas son frágiles, y si es
para consolidar los cambios, él reconsideraría su retiro.

Como todos los sábados, el presidente Rafael Correa brinda sus habituales Enlaces Ciudadanos, que tienen por objeto informar sobre la marcha de la gestión, así como conocer las necesidades populares de primera mano. El pasado 1º de marzo, Correa se movilizó hasta el barrio de Gutuglagua en la provincia de Pichincha para encontrase con los pobladores del lugar y realizar este acto de comunicación. El dato saliente de la jornada fue que el mandatario no descartó ante los presentes la posibilidad de rever su decisión de no presentarse como candidato a una nueva reelección. Las próximas presidenciales serán en 2017, pero para que Correa pueda ir por un nuevo mandato se tendría que realizar una enmienda en la Carta Magna, ya que la misma –habiendo sido reformada en 2008– sólo habilita la reelección, si el candidato hubiese estado –al menos por un período– fuera del poder. Vale señalar que en las elecciones generales de 2009 que ratificaron a Correa en la Presidencia con el 52% de los votos, ellas le devolvieron su contador de mandatos cuatrienales a uno, con la posibilidad de sumársele un segundo en 2013.
Hace poco más de un año, cuando fuera reelegido Correa, le dijo a la prensa que “de acuerdo con la Constitución, sí (esta será la última reelección). Y así no lo dijera la Constitución, yo igual después de cuatro años me voy a mi casa”. El mandatario, que se había impuesto por un amplio margen en las elecciones presidenciales celebradas el año pasado, dijo que el trabajo de presidente es agotador y bastante injusto. “Uno toma decisiones que afectan a otros, por ejemplo, a mi familia. Mis hijas se han criado en la adolescencia sin privacidad (...), el tiempo que uno les puede dedicar es bastante escaso”, dijo el mandatario, asegurando “prefiero, para dejar florecer a los demás, retirarme a la vida privada. No sólo dejaría la presidencia, dejaría la vida pública”, indicó. Pero un año después, Correa volcaría esa opinión para asegurar que si de lo que se trata es de profundizar la Revolución Ciudadana, él se mantendrá firme, y es capaz de rever aquella decisión.
La postura de un gobierno de llevar adelante medidas eficaces para paliar las diferentes necesidades de los sectores populares, obviamente genera un alto grado de consenso, aunque no siempre esas políticas puedan ser bien entendidas por las mayorías ni inclusive por parte de los cuadros medios que adhieren a esa gestión. Entendidas, en el sentido de saber qué resortes hay que tocar, para generar horizontes de cambio. Porque llevar adelante un proceso de transformación es sin dudas una marcha contra natura, ya que no se trata solamente de dar, sino principalmente de estructurar un modo que permita que el bienestar no sea transitorio o fugaz. En ese sentido las derechas siempre apuestan a la inercia del pensamiento superfluo y al desgaste de los sectores con mayor compromiso y nivel de comprensión.
Durante el “Enlace Ciudadano” 363 el presidente dijo: “Tengo la responsabilidad de garantizar que este proceso de la Revolución Ciudadana sea irreversible”, y por esa misma razón se propuso evaluar seriamente si no volvería a ser candidato presidencial 2017, asegurando que esa postura obedece al avance que tuvo la derecha en los comicios locales del pasado domingo 23 de febrero, agregando que considera necesario levantar las restricciones constitucionales, “sí creo que hay que pensarlo seriamente y hay que dejar la puerta abierta en caso de que esos nubarrones se hagan más grandes”, manifestó. Al margen de cualquier cálculo matemático, la derecha “se infló, salió fortalecida”, dijo Correa.

Elecciones aleccionadoras. Desde su primer triunfo electoral en 2006, Correa y la Alianza País siempre han ganado todos los comicios a los que se han presentado, e incluso en las presidenciales el oficialismo ganó de forma abrumadora no dejando ni siquiera margen para una segunda vuelta. En todos los referendos realizados se reprodujo esa tendencia, y si bien en las elecciones locales realizadas el 23 de febrero, la Alianza País fue la más votada a lo largo de todo el territorio ecuatoriano, el presidente Correa no dejó de admitir cierto avance de la derecha, y expresar una sana preocupación por ello, lo que demuestra que no se sube a ningún carro triunfalista, y advierte que el desafío de transformar al Ecuador no es una tarea fácil, tiene muchos obstáculos por sortear y necesita de una firme voluntad de cambio. Según precisan algunos analistas ecuatorianos, en las últimas elecciones la Alianza País sobreestimó su propia fuerza, fue displicente al momento de tejer alianzas locales y mostró algunas falencias organizativas. No le alcanzó con el fuerte liderazgo de Correa, y por esa razón perdió en alcaldías importantes como son la de Quito y Cuenca (sur), además de Guayaquil, que es ya un histórico bastión de la derecha, ya que desde el año 2000 la ciudad portuaria tiene como alcalde al socialcristiano Jaime Nebot Saadi. Si bien Guayaquil es la ciudad de mayor importancia económica del Ecuador, la oposición de Nebot –desde las filas del oficialismo– es considerada como tenue, a pesar de que no pocas veces se hayan planteado desde el nebotismo, los posicionamientos autonómicos.
La derrota electoral que sopesó sobremanera en el análisis de Correa fue sin dudas la de la alcaldía de Quito. La derecha, que ganó en la ciudad capital no es “silvestre o la derecha chillona de Nebot, la mediocre de Gutiérrez o la banquera de Lasso”, aseguró el mandatario, sino que es “una derecha organizada, con apoyo extranjero, con estrategia de poder en contra de gobiernos progresistas”. El ganador de las elecciones en la capital ecuatoriana fue el abogado Mauricio Rodas, quien bajo el paraguas del movimiento político Sociedad Unida Más Acción (SUMA) ya se había presentado en las presidenciales de 2013 alcanzando el cuarto lugar. Si bien a este jurista de 38 años algunos medios ya lo consideran como una promesa inminente de la derecha para revertir el proceso de cambio ecuatoriano, el presidente Correa no titubeó en afirmar que a su criterio no es tanto el alcalde electo sino principalmente los grupos de poder que están detrás de él, que están preocupados por el capital y las transnacionales, “tienen un modelo antinacional y antipatriótico, con estrategia de poder, con relaciones internacionales, en un marco claro de ofensiva ante gobiernos progresistas de la región”.
Los mismos medios que titularon que los resultados de las elecciones realizadas el 23 de febrero, fueron una derrota del presidente Correa, son los que ya quieren instalar la idea de que Rodas es una figura presidenciable. El eslogan de campaña fue el de plantear “una visión fresca, moderna y de futuro” para la alcaldía. Rodas le dijo a la prensa que “la nuestra será una alcaldía para todos los quiteños, de todos los colores, porque todos juntos vamos a vivir mejor” e intentó despegar de sus supuestas conexiones con la extrema derecha, a pesar de reconocer que a los 16 años tuvo una incursión en el partido socialcristiano.
A pesar de que la oposición intentó mostrar que en los comicios, el oficialismo fue el gran derrotado, las cifras oficiales muestran que la Alianza País sigue siendo la primera fuerza política del país, logró 10 Prefecturas en estas elecciones, alcanzando un porcentaje de 50% (incluidas las 4 provincias más pobladas), mientras la derecha apenas logra un 26%, aproximadamente. En lo concerniente a Alcaldes, País alcanza el 33% de burgomaestres (un total de 68) y cerca del 37% en Concejales, es decir, mayoría absoluta. En la provincia de Pichincha, que es en donde se encuentra ubicada Quito, el triunfo de País a través del candidato Gustavo Baroja fue superior en porcentajes a la victoria de Rodas, y vale señalar que en el Concejo Municipal la Alianza País obtuvo mayoría (11 a 12 concejalías), mientras la derecha expresada en SUMA alcanzó solamente 9. A nivel nacional, País captó el 50% de los votos para las gobernaciones, mientras el derechista CREO (Creando Oportunidades) alcanzó el 12%. En torno a las 221 alcaldías en disputa, el oficialismo llegó al 34% mientras que SUMA obtuvo el 13%.
En el Enlace Ciudadano, Correa mostró el agradecimiento al pueblo ecuatoriano por “la alegría y felicidad” con la que participaron de las elecciones, pero también denostó a toda esa prensa que intentó mostrar una derrota de la fuerza oficialista. “No resiste el menor análisis, es una mentira monstruosa que la gente votó contra la revolución ciudadana”, enfatizó el mandatario, asegurando que “los resultados en Quito fueron por errores en la administración, errores en la campaña”, sumando que se tuvo que enfrentar a “un candidato carismático de la derecha y un ataque contra la imagen” del candidato oficialista Augusto Barrera. Citado por el diario El Comercio, de Quito, el mandatario dijo que “no se votó contra el Gobierno, lastimosamente se votó contra Augusto Barrera” debido a que “con la complicidad de cierta prensa y con la derecha desde hace varios meses se comenzó a desprestigiar la imagen de Augusto Barrera y les dio los resultados, pero en Quito se votó contra Augusto Barrera y no contra Alianza País ni el Gobierno ni contra el presidente Correa”. Según el dignatario, “no hubo un triunfo contundente de Alianza País, pero sí hubo una victoria con grandes reveces como en Quito y Cuenca”. “Es la décima victoria de la revolución ciudadana compañeros”, le dijo Correa a la audiencia de Gutuglagua, e hizo hincapié en que la derecha dura ganó en Quito y Guayaquil, pero en otros municipios como son Cuenca, Ambato, Imbabura, Portoviejo y Durán “ganaron amigos”. Jorge Sambrano “ganó con Suma en Manta, pero les aseguro que apoya la revolución ciudadana”, dijo.
En ese sentido, Correa fue enfático en relación a la política de alianzas que la fuerza oficialista debe comenzar a tejer para profundizar la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, la alcaldía de Imbabura le fue arrebatada a País por la coalición de izquierda Avanza, por lo cual Correa dijo “en buena hora, porque se necesita una izquierda demócrata”. En ese sentido vale subrayar que en Ecuador hay fuerzas menores que si bien no son parte de la Alianza País, sí están de acuerdo con el proceso de cambio que implica la revolución ciudadana, y en ese sentido Correa planteó la necesidad de acercamiento para construir la fuerza necesaria para no retroceder. Según el mandatario el resultado de los comicios –por ejemplo, en Quito–, antes que nada marca una tendencia de la alianza oficialista a sobreestimar su propia fuerza. Si no se ganó con mayor contundencia, explicaba Correa, fue por la excesiva confianza y el sectarismo que pareciera ser un mal emergente en el partido. “Que quede claro que Alianza País es un instrumento para el fin, que es la revolución ciudadana y la Patria Grande”, les dijo a los oyentes y que “mientras más gente podamos captar, mejor”. Según el mandatario “ese sectarismo nos está matando… qué bueno que nos hayan dado ese sacudón, dolió perder Quito… pero si sigue ese sectarismo yo seré el primero en renunciar a Alianza País, si no nos renovamos, pereceremos”, advirtió.

Sectarismo. Además de cuestionar el sectarismo, Correa hizo hincapié en las deficiencias de la estructura partidaria. No es lo mismo realizar política a escala nacional que a escala local, para esta última se precisa un movimiento estructurado y arraigado en las bases mismas de la sociedad, que tenga a su vez capacidad para enfrentar a sus adversarios en las contiendas electorales.
Según el mandatario se descuidaron los territorios y es por eso que la tarea a futuro es construir organización en los mismos, ya que eso es lo que va asegurar que los logros en los niveles locales sean iguales o mayores que los que se alcancen en una elección nacional, ya que los candidatos locales, no por ser de la alianza en el gobierno van a recibir automáticamente el apoyo popular.

Sin mucha vuelta, Sin mucha vuelta, Correa planteó a su fuerza que hay que construir el contrapeso necesario contra el avance de una derecha organizada y con vinculaciones externas. En ese marco, el mandatario tomó conciencia que si tiene que proseguir en el frente de combate, no se va a retirar a la vida privada, y va a rever su decisión de no volverse a presentar como candidato a la presidencia.
Distintos analistas que fueran invitados al programa televisivo Pulso Político, coincidieron en algunas de las afirmaciones de Correa. La mayoría señaló la sobreconfianza de algunos dirigentes locales que creyeron que por la obra del gobierno, ellos también serían retribuidos con los votos. Que en algunos casos las alianzas con otras fuerzas fueron poco representativas, y que al interior mismo del partido existen deficiencias organizativas, y que hay una insuficiente formación de cuadros. Como en todo proceso transformador, aparecen ciertas castas burocráticas que más que preocuparse por el cambio a favor de las mayorías populares, están más interesadas en sus propios privilegios.

Colombia- Todos lanzan mensajes para tranquilizar a sus votantes

Tanto la derecha, en el gobierno y afuera, como la izquierda en sus distintas agrupaciones, tratan de asegurar una parte del electorado que manifiesta serias dudas.

Reforzando la derecha. Germán Vargas Lleras llega a la fórmula
 con Santos para asegurar que no cederán a las FARC.

Este año Colombia enfrenta un año electoral. Como inicio del mismo, el próximo 9 de marzo se desarrollarán las elecciones legislativas en las cuales se elegirán tanto los representantes al Congreso como los que se desempeñarán en el Parlamento Andino, mientras que el 25 de mayo tendrán lugar las presidenciales. Si bien años de este signo marcan una creciente politización de la sociedad, el dato saliente es que según los últimos sondeos de opinión, el voto en blanco se va imponiendo a las diferentes opciones político-partidarias. En este marco el presidente Juan Manuel Santos –que va por su reelección–, el pasado lunes difundió y oficializó quién será el que lo acompañe en la fórmula. La designación recayó en quien fuera su ministro del Interior y también de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Es alguien que –según aseguran algunos analistas–, no es un ferviente defensor de las conversaciones de paz que el gobierno viene desarrollando con las FARC, en La Habana. Mientras que Santos hiciera de ellas el argumento principal para lanzarse por un nuevo mandato, las negociaciones vienen algo atrasadas y se cree que hasta después de finalizar la agenda electoral, no se reanudaran plenamente.
Juan Manuel Santos Calderón y Germán Vargas Lleras no sólo comparten haberse iniciado políticamente en el Partido Liberal, ambos además son parte de tradicionales familias de la aristocracia bogotana, contando entre sus antecedentes ser descendientes directos de antiguos presidentes. Eduardo Santos Montejo presidente de Colombia entre 1938 y 1942, fue el tío abuelo del actual mandatario, mientras que Carlos Lleras Restrepo –quien ejerciera la presidencia entre 1966 y 1970– fue el abuelo materno del actual candidato a la vicepresidencia. La tradición liberal santanderista los une.

El gran adversario. La fórmula oficialista ganaría las presidenciales. Les ganaría a las otras opciones, pero sería derrotada por el voto en blanco. Según los últimos sondeos realizados en febrero, se confirma una tendencia que ya viene asentándose desde los últimos meses del año pasado, y es que el sobre vacío se impone al que lleve la boleta de cualquiera de los candidatos. Según un estudio realizado por la firma Cifras & Conceptos, que fuera difundido el miércoles 19, el 30% de los electores se inclinaría por votar en blanco, mientras que el presidente Santos alcanzaría el 26%, dejando muy lejos a su más inmediato perseguidor. El candidato del uribista Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga llegaría al 8%. En Colombia el voto en blanco desde 2011 posee un estatus institucional, y tanto es así que se encuentra estipulado que los ciudadanos que lo deseen pueden formar comités para impulsarlo. En el caso de que el sobre vacío llegara a obtener el 50% más uno de los votos, se instruyó constitucionalmente que los comicios deben repetirse pero teniendo los partidos o alianzas electorales que proponer un nuevo candidato. A tres meses de realizarse las elecciones, aún hay cerca de un 20% que son los que dicen el clásico “no sabe-no contesta”. Por ahora un final abierto. Lo significativo de la elección de Vargas Lleras como candidato a vicepresidente, es que en un sondeo realizado el año pasado, se señalaba que sí éste hubiera sido el candidato presidencial en lugar de Santos, hubiese llegado al 29 %, por encima de las preferencias sobre la reelección del actual mandatario, aunque el voto en blanco hubiera sido mayor.
Vargas Lleras quien es parte del partido Cambio Radical, que fuera parte en su momento de la coalición que apoyara al ex presidente Álvaro Uribe, en 2010 cuando asumió Santos fue nombrado como ministro del Interior, cargo que dejaría en 2012 para desempeñarse hasta mayo del año pasado como titular del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, habiendo estado al frente de la implementación del programa anual de las cien mil casas gratis para los colombianos con menos recursos. En mayo del año pasado dejó los cargos públicos para pasar a dirigir la Fundación Buen Gobierno, un think tank que acompaña la reelección de Santos. “Cumple como pocos colombianos los requisitos y el principal para este cargo que establece que tenga todas las capacidades, tiene la experiencia y así lo ha demostrado en su vida pública” dijo Santos el lunes durante el anuncio, agregando que “hemos cultivado una sincera amistad basada en la lealtad y honestidad y esas virtudes son cada vez más escasas en la política”, aseguró.
De todas formas, algunos analistas consideran que la designación de Vargas Lleras obedece en primer lugar a dar un mensaje al electorado, a ése que duda ante las aseveraciones de Uribe sobre tildar al mandatario como proclive a acatar los designios de la guerrilla. No pocas veces Uribe catalogó a Santos como un socio de los “narcoterroristas” y de la “dictadura castro- chavista”. Recientemente lo hizo cómplice de lo que él considera como “un atentado a la libertad en Venezuela”. Vargas Lleras, quien tuvo que salir al cruce de acusaciones que lo ligaban a los paramilitares, según dijera la columnista del diario español El Mundo Salud Hernández Mora, “Con su elección, Santos confía en enviar un mensaje al electorado más escéptico frente al proceso de paz: que tienen la garantía de que no entregarán más de lo justo porque Vargas Lleras no lo permitiría” escribió Hernández, y citando a María Elvira Samper, analista de Rcn radio, sugirió que Vargas “Representa una facción de la 'mano dura'” que tiene sus reservas sobre las conversaciones de paz.

Los dilemos de la izquierda. Al igual que la derecha, pareciera que todo el arco de la izquierda apuntara a las legislativas que se desarrollarán en marzo, pero yendo por caminos separados. El derechista Centro Democrático apuesta muy fuerte a conseguir una cantidad importante de bancas con la lista que encabeza Álvaro Uribe. Mientras el candidato presidencial del uribismo no despega, tampoco la izquierda pudo unificar una propuesta única para las presidenciales. Según los últimos sondeos tanto la candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo (PDA) Clara López, como el precandidato por la Alianza Verde Enrique Peñalosa, llegarían a obtener un 6 % de los votos, mientras que la candidata Aída Abello de la Unión Patriótica los seguiría más abajo. Hay dos elementos principales que están jugando en contra para que la izquierda en sus tres expresiones pueda unificarse en la actualidad, y traccionar detrás de sí a esa masa crítica de virtuales votantes en blanco. Una es la lentitud con la que vienen desarrollándose las conversaciones en La Habana, y otra el proceso de destitución y revocatoria que tiene que enfrentar el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Frenada su destitución por cautelares, Petro en abril tendrá que convalidar con el “NO” la revocatoria que un sector de la derecha bogotana promovió mediante la recolección de firmas. Se podría afirmar que todo el sector político de Petro más que estar concentrado en ambas elecciones, está mucho más pendiente de evitar que el alcalde sea destituido y que tampoco sea efectiva la pérdida de derechos políticos que propusiera el procurador general Alejandro Ordóñez. Por su parte, la candidata presidencial de la Unión Patriótica Aída Abello denunció intimidaciones de la banda criminal “Los Rastrojos”. En un panfleto dicha organización de ultraderecha les sugiere a sus propios integrantes que está dada “la orden perentoria y explícita para neutralizar a los candidatos al Senado y la Cámara que hoy están en campaña y especialmente por la cabeza de Aída Abello, Omar Calderón, Carlos Lozano y Jaime Caicedo”. En la amenaza, afirman que hay recompensa de hasta 50 millones de pesos por “las cabezas” de cada uno. “Ya está la orden para empezar el plan pistola y se nos informó que algunos de ellos andan sin protección del Estado y nos dieron las coordenadas de su itinerario. Se van del país o los acabamos” expresó la banda criminal.
Lo anteriormente señalado pone sobre el tapete un debate que todavía no se encuentra saldado en absoluto, y es qué oportunidad tiene la izquierda de presentarse a elecciones, y mucho más qué posibilidades tiene de llevar adelante una gestión gubernamental. Tal vez la tendencia creciente hacia el voto en blanco habría que leerla por ese lado.